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¿Qué es el derecho al olvido o supresión?

El derecho fundamental al olvido en internet es una nueva figura introducida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) . Lo cual tiene como objetivo brindar un mayor control y protección a los ciudadanos sobre sus datos personales.

Este es un derecho que la ley le otorga a todo ciudadano de solicitar la eliminación de sus datos personales en los diferentes buscadores de internet. La solicitud se puede hacer cuando atente contra el derecho a la intimidad, a la propia imagen o el derecho al honor.

Este derecho sólo es válido para los medios digitales de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD GDD). El artículo 94 corresponde al “derecho al olvido en redes sociales y en servicios equivalentes”. El artículo 93 hace referencia al “derecho al olvido para la búsqueda en internet”.

Normativa que regula el derecho al olvido

La normativa que regula el derecho al olvido es la siguiente normativa:

• La regulación del derecho al olvido a nivel europeo se encuentra en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La regulación del derecho al olvido a nivel nacional se encuentra en las siguientes leyes:

Real Decreto de ley 5/2018, que corresponde a las medidas urgentes implementadas para adecuar el Derecho español a la normativa de la Unión Europea relacionada con la protección de los datos
Real Decreto 1720/2007, que es donde se aprueba el reglamento de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

¿Cuándo se aplica el derecho al olvido?

El artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos establece que los ciudadanos pueden solicitar la aplicación del derecho al olvido. El cual consiste en la eliminación de sus datos personales y el proveedor del servicio está en la obligación de hacerlo.

Esta solicitud se puede hacer en los siguientes casos:
• Cuando los datos no son necesarios para lo que se recogieron o trataron.
• El ciudadano puede retirar el consentimiento para tratar sus datos o se puede oponer al tratamiento de los mismos.
• Cuando los datos hayan sido recogidos con fines ilícitos.
• Los datos deben suprimirse por una obligación legal establecida por el derecho de los Estados miembros o el derecho comunitario.
• Cuando los datos pertenezcan a niños menores de 16 años y que se hayan obtenido sin el consentimiento del titular de la patria potestad.

¿Cómo ejercer el derecho al olvido?

Lo primero que debe hacer es solicitar a la página web o al buscador la eliminación de los datos personales. Los buscadores por lo general cuentan con sus propios modelos de solicitud para la eliminación de los datos.

Se debe especificar las URL donde se encuentra el contenido que se quiere eliminar, una explicación de por qué quiere que se elimine los datos. Tiene que indicar cuales son los motivos por los que se debe retirar el contenido de los resultados de búsqueda.

En la solicitud debe constar nombre y apellidos, puede solicitar que se retire otro contenido que tenga relación con esos datos. Para esos casos debe explicar la relación existente, agregar una dirección de correo electrónico que sirva de contacto.

Cuando no atienden la solicitud o la forma de actuar no es convincente se puede hacer una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo estudiará el caso con las pruebas aportadas, para decidir si estima o no la reclamación.

En caso de que la respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sea negativa, puede apelar la decisión ante los tribunales.
El plazo para dar respuesta cuando se solicita la aplicación del derecho al olvido es de un mes. Los cuales comienzan a contar a partir del día en que se recibe la solicitud, el plazo puede ampliarse a dos meses en algunos casos.

Los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios  para recibir las peticiones de ejercicio de este derecho en este ámbito.

¿Quién puede solicitar el retiro de los datos?

Las leyes de protección de datos suelen ser aplicadas para el tratamiento de datos personales pertenecientes a personas físicas. Las entidades legales y empresas por lo general no tienen derecho a retirar el contenido de consultas basado en su nombre corporativo.

La gran mayoría de las solicitudes para la eliminación de los datos pertenecen a la persona afectada. La solicitud también la puede hacer una persona a nombre de otra, pero se debe tener una autorización legal.
Para hacer la solicitud lo recomendable es consultar ante la normativa local para comprobar si cumple los requisitos.

¿Ante quien se tiene que solicitar?

Lo que deben hacer todas las personas responsables del tratamiento de los datos al recibir la solicitud de derecho al olvido es suprimir. Además, deben eliminar las copias disponibles y cualquier enlace que pueda llevar a los datos.

Los responsables del manejo de los datos están obligados a informar al solicitante del derecho al olvido sobre la eliminación de los datos. Cuando el ente encargado del manejo no contesta incurre en una infracción grave establecida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Las sanciones aplicadas por no cumplir con la ley de protección de datos puede ser una multa de hasta 20 millones de euros. Cuando el incumplimiento sea de parte de una empresa la multa puede alcanzar como máximo el 4% del volumen de negocio global anual perteneciente al ejercicio anterior.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede ordenar al responsable del manejo de los datos que atienda las solicitudes de los derechos del interesado.

¿Cuáles son los límites que tiene el derecho al olvido?

Los límites establecidos para el derecho al olvido se encuentran en el Reglamento General de Protección de Datos.

No será necesario eliminar los datos de internet cuando estos se necesiten para:

  • El cumplimiento de obligaciones legales.
  • Si los datos se utilizan para investigaciones estadísticas, científicas o históricas.
  • Para garantizar la libertad de informar y de expresión.
  • Cuando los datos sean útiles por razones de interés público.
  • Los datos se utilizan para realizar reclamaciones.

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